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CaribeEl Gobierno de Belice desea restaurar las ejecuciones
Artículo Publicado el 09/06/2011El Primer Ministro de la pequeña nación caribeña introdujo recientemente un proyecto de ley (Octava Enmienda) que busca enmendar la Constitución mediante la eliminación de la inconstitucionalidad de la pena de muerte.
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El artículo 4 (3) del proyecto de ley prevé que: "... para evitar cualquier duda, la aplicación de la pena de muerte estipulada en el párrafo 2 no se considerará incompatible con la presente disposición o contraria a esta misma, ni a ningún otro artículo de la Constitución, sea cual sea el motivo ... "
El pasado 13 de mayo, el Primer Ministro de Belice, Dean Oliver Barrow, presentó este proyecto de ley con el fin de evitar que los abogados de la defensa tuviesen éxito en la apelación de una sentencia de muerte mediante la invocación de su carácter inhumano y degradante – lo cual está prohibido en la Constitución vigente.
El proyecto de ley hace parte de un proyecto legislativo más amplio que tiene como objetivo reducir el alto índice de criminalidad en el país. El Primer Ministro Barrow lo presentó diciendo: "Vamos a hacer lo que creemos que es nuestro deber para proteger a los ciudadanos en nuestra sociedad."
Las decisiones del Privy Council son cuestionadas
Esta campaña liderada por el Primer Ministro responde a la promulgación de la Ley de 2010 de la Corte Caribeña de Justicia que sustituye el Privy Council por el Tribunal de Justicia del Caribe como la más alta instancia de apelación.
Esto puede poner en tela de juicio la decisión judicial del Privy Council de 1993 en el caso Pratt y Morgan c / La Reina, en virtud de la cual toda persona condenada a muerte desde hace cinco años o más es objeto de un trato inhumano y como tal, debe beneficiarse de una conmutación de su pena en una sentencia de cadena perpetua.
No está claro si la Corte Caribeña de Justicia seguirá la línea establecida por el Privy Council y si limitará la aplicación de la pena de muerte.
Este intento por parte del Primer Ministro de volver a introducir las ejecuciones hace alusión a una iniciativa similar que se llevo a cabo a principios de este año en la vecina Trinidad y Tobago . La pequeña nación de las "islas gemelas" ha tratado de aprobar una ley para reducir el tiempo de preparación de la apelación de los acusados, lo que permitiría eludir la jurisprudencia Pratt. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado por el Parlamento.
El proyecto de ley sobre la Constitución de Belice (Octava Enmienda) solo podrá ser aprobado por la Asamblea después de un período de consulta nacional de 90 días.
La última ejecución tuvo lugar en Belice en 1985. En la actualidad, muy pocas personas están en el corredor de la muerte.
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